El presidente Danilo Medina se reunió la mañana de hoy con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado y una amplia comisión de esa organización, en la que trataron diversos temas relativos a las leyes de Partidos Políticos y Electoral, Seguridad Ciudadana y la necesidad de desarrollar un Pacto Eléctrico, entre otros temas.

Luego del encuentro con el jefe de Estado, el dirigente político expresó, en rueda de prensa realizada en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, que el presidente Medina ratificó su posición firme de que el pueblo dominicano debe ser el gran beneficiario de la extracción de oro en el país, con relación al tema de la minera Barrick Gold.

“El Presidente Medina ratificó su firme posición de defender los intereses del pueblo en el caso de la Barrick Gold, así como de reiterar la posición que asumió al respecto en su discurso del 27 de Febrero (ante la Asamblea Nacional”.

En la visita al Presidente de la República, Vargas Maldonado estuvo acompañado por Peggy Cabral viuda Peña, José Joaquín Puello, Eduardo Jorge Prats, los diputados Ruddy González y Rafael Vásquez.

También Julio Maríñez, Aníbal García Duvergé, Salim Ibarra, Henry Sarraf, entre otros.

Al  jefe del Estado lo acompañaron los  ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo, administrativo José Ramón Peralta y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

Vargas indicó que expuso al Primer Mandatario, que además de la necesidad de aprobación de las leyes de Partidos Políticos y Electoral, para estimular la transparencia y la democracia interna de esas organizaciones, existe la urgencia de una reforma educativa alrededor de ejes e infraestructuras, que consoliden el 4% del PIB.

“También hablamos de la necesidad de una concertación para un Pacto Eléctrico que involucre a todos los actores del sistema, reguladores y regulados, a fin de terminar, de una vez y por todas con la crisis del sistema eléctrico”, manifestó Vargas Maldonado.

Explicó que plantearon al gobernante un acuerdo nacional para la Seguridad Ciudadana en el que participen las comunidades, las fuerzas de seguridad y policiales, el Gobierno Central, los ayuntamientos y el Ministerio Público.

Además la puesta en marcha de un Plan de Construcción de Viviendas Populares a cargo del Estado, dirigido a los sectores más pobres y un estímulo al sector privado a fin de que los ahorros y el crédito sea canalizado hacia la construcción de viviendas de bajo costo.

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