Las familias de Los Tres Brazos podrán pasar las fiestas de Año Nuevo tranquilos y en paz. El Gobierno suspendió toda operación de venta y reventa de los inmuebles del sector.

También ordena todo proceso de desalojo contra los actuales ocupantes de dichos terrenos. La disposición está contenida en el decreto 392-16. El mismo fue leído por Roberto Rodríguez Marchena, portavoz del Gobierno y director general de Comunicación.

Se crea comisión

El decreto crea una comisión que en 30 días deberá examinar lo concerniente a la venta de los terrenos. También tendrá que rendir un informe a la Presidencia de la República sobre el proceso. Esto es desde el momento de la venta de los mismos hasta el presente.

El referido informe deberá incluir las recomendaciones sobre las acciones legales pertinentes

La comitiva estará integrada por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.  Igualmente por el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantes.  Otro integrante de la comisión es director de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet.

Estado los protege

El director general de Comunicación señaló que el decreto lleva alegría a los vecinos de Los Tres Brazos.  Indicó que el Gobierno descubrió una situación que lesiona los intereses de los residentes en ese sector.

Precisó que dicha comisión deberá analizar la situación y hacer sus recomendaciones.  Esto al amparo de la Constitución de la República y de las leyes vigentes.

Adelantó que el presidente Danilo Medina, luego de dichas recomendaciones, tomará la decisión final.  Rodríguez Marchena sostuvo que la misma no perjudicará a los vecinos de Los Tres Brazos.

Considerandos

En las consideraciones, el decreto señala que el Poder Ejecutivo ha puesto especial atención al caso. También a los diferentes reclamos y las opiniones sobre la venta de dichos terrenos.

Precisa que en el examen preliminar que hizo la Consultoría Jurídica se observa que no se cumplieron las leyes. Indica que el Gobierno está comprometido con la transparencia y el cumplimiento de las reglamentaciones. También a la protección del patrimonio del Estado.