La Comisión designada por el presidente Danilo Medina para el caso del CEA hace recomendaciones al Gobierno. Luego de entregar el informe al gobernante, sugirió emprender profundos cambios en el Consejo Estatal del Azúcar.

Esto es con el propósito de superar las debilidades institucionales y gerenciales crónicas que afectan a esa entidad.

Así se refirió el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Habló en una rueda de prensa en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional. Allí lo acompañó el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantés. También, el director de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet.

Sustitución gerencia región Este y tomar control

Otras de las recomendaciones fue sustituir la gerencia de la región Este y tomar control de la misma. Esto deberá hacerlo la nueva dirección ejecutiva del CEA hasta instalar un nuevo personal que asuma la tarea de abordar los múltiples problemas. Esto es, en lo que respecta a las operaciones de compra y venta de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar.

Igualmente, la nueva dirección del CEA debe apoyar de manera irrestricta los trabajos. Estos son los que desarrolla la Comisión Evaluadora de los Terrenos del CEA. Esta fue creada por el decreto 268-16.

Intervención de las direcciones Inmobiliarias, Técnicas y Financieras

Eso es con el propósito de que la Comisión intervenga las direcciones Inmobiliarias, Técnica, Financiera y Administrativa. También, la Jurídica y Comercial, así como las gerencias regionales, hasta tanto, dicha Comisión concluya los trabajos instruidos.

Nuevos titulares en las gerencias Este, Boca Chica y Hato Nuevo

Para tales fines, recomendó que la nueva dirección ejecutiva del CEA, designe nuevos titulares en las gerencias inmobiliarias. Estas son las oficinas satélites de la zona Este, Boca Chica y Hato Nuevo.

Mejorar y aumentar cobranzas

En otro punto, pide que la Comisión Evaluadora intervenga igualmente, la gerencia de Créditos y Cobros. Esto tiene el objetivo de procurar mejorar y aumentar las cobranzas pendientes. Estas deben hacerse de manera oportuna, efectiva, universal y transparente.

Evaluación del personal directivo y no directivo

También, que la nueva dirección ejecutiva del CEA, evalúe exhaustivamente el desempeño del personal directivo. Además, los no directivo de las mencionadas áreas críticas de la institución.

La finalidad es determinar los niveles de deficiencias con las que operan. Además, aplicar las medidas administrativas que correspondan. Lo antes mencionado, deberá hacerse bajo orientaciones del Òrgano Rector de la Función Pública.

Depuración de la nómina

“Que se lleve a cabo una depuración de la nómina del CEA por parte de la Contraloría General de la República. A fin de que la misma pueda ser saneada y llevada a niveles razonables”, exhorta la Comisión.

Agrega que una vez saneada la nómina, se deberá asignar una partida presupuestaria. Esta será para el pago de los empleados del CEA y los gastos operativos institucionales para que dichas erogaciones no dependan de la venta de terrenos. Al igual que del cobro de dinero por concepto de ventas realizadas.

Rescindir contratos no formalizados

“Que la dirección ejecutiva, en coordinación con la Comisión Evaluadora de los Terrenos del CEA, considere la pertinencia de rescindir los contratos de ventas de terrenos que aún no hayan sido formalizados con los interesados”, enfatiza.

Conclusión de inventario en seis meses

La comisión designada por el jefe de Estado solicitó seis meses para concluir el inventario de los terrenos. Dada la complejidad del mismo, tomando en cuenta que se trata de una institución con innumerables deficiencias. Entre ellas, los comisionados citaron las gerenciales, administrativas, técnicas y de otras índoles.

Nueva misión institucional

Asimismo, plantearon que la nueva dirección ejecutiva del CEA rinda un informe al presidente de la República. En el mismo, deberá ser en torno a la nueva misión institucional del CEA, para lo que tendrá que elaborar un proyecto de ley.

Deberá hacerlo en un plazo de seis meses, con sus conclusiones y recomendaciones.  

El informe será remitido al Ministerio Público para que haga sus determinaciones. Eso es en el sentido de que si estas operaciones de ventas de terrenos o en los hechos, quedo comprometida la responsabilidad penal. Esto es, de cualquier actor público o privado que, directamente o no, haya intervenido en la misma.